Sonia Olea es abogada experta en migraciones, miembro del equipo de Incidencia de Cáritas española y del grupo de trabajo de expertos jurídicos en vivienda en la red europea FEANTSA. Ha aportado su experiencia y su punto de vista en el estudio La vulnerabilidad de las personas que viven en la calle en Barcelona. En esta entrevista habla sobre la situación de las personas extranjeras que viven en la calle y sobre el acceso a la vivienda.
En el censo de personas sin hogar realizado por Arrels el pasado mes de mayo en Barcelona, un 66,04% de las personas encuestadas eran extranjeras, un 31,3% de nacionalidad española y el 2,66% no respondió. Esta cifra contrasta con la de la población de Barcelona: de los 1,6 millones de habitantes, un 83,7% tienen nacionalidad española y un 16,3% extranjera. Sobre esta diferencia, la situación de estas personas y el acceso a la vivienda hemos hablado con la abogada Sonia Olea.
¿Crees que las personas inmigrantes en situación de sin hogar son más vulnerables?
Efectivamente. La carencia de una red de contactos, las dificultades administrativas para adquirir documentación, el idioma y la discriminación por ser extranjeras implica que se encuentren en una situación más frágil respecto al resto de la población. Otro factor es la inexistencia del llamado ‘colchón mediterráneo’, es decir, las redes familiares y vecinales que tradicionalmente han hecho que en los países del sur de Europa el proceso de llegada a la calle sea más largo que en otros países del norte de Europa.
¿En qué situación se encuentran las personas sin hogar e inmigrantes en otros países de la Unión Europea?
La situación de las personas sin hogar en los diversos países europeos es muy diferente, depende de cada regulación. En Hungría, por ejemplo, existe una clara normativa criminalizadora de la pobreza; en cambio, en Dinamarca, existen políticas que protegen la no discriminación pero no hay una infraestructura de acompañamiento y de acceso a la vivienda para personas sin hogar indocumentadas.
Entre los países que forman parte de Feantsa (Federación europea de entidades que trabajan con personas sin hogar), España es uno de los que más acceso a protección social de emergencia tiene para personas extranjeras; no se exige tener autorización de residencia para acceder a recursos residenciales, por ejemplo.
¿Qué políticas defiende Feantsa para mejorar la situación de estas personas?
Lo más importante es que se introduzca y se garantice el derecho a la vivienda en las políticas públicas, tanto a nivel europeo como en cada uno de los países. Hace falta una apuesta clara por la vivienda de función social destinada a la población más vulnerable. En este sentido, Feantsa está colaborando con la Comisión Europea en la elaboración de un pilar europeo de derechos sociales, aportando una serie de propuestas centradas en la vivienda y la lucha contra el sinhogarismo.
¿Crees que a nivel legislativo se está avanzando en el reconocimiento del derecho a la vivienda de las personas sin hogar?
Se están produciendo avances a nivel de función social de la vivienda en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, Euskadi, Canarias, Andalucía, Navarra, Valencia y ahora Baleares. Algunas de las propuestas tienen, sin embargo, la oposición absoluta por parte del Gobierno central.
El camino hacia el acceso al derecho humano de la vivienda digna y adecuada pasa por la implementación de más políticas públicas de vivienda social y esto supone un cambio de paradigma a nivel estatal. No sólo por parte de las administraciones públicas a la hora de optar por fórmulas de acceso a la vivienda más allá de la propiedad privada, sino también por parte de la ciudadanía, que deje atrás la idea de que para triunfar hay tener una vivienda en propiedad.
Son soluciones a largo plazo pero se pueden empezar a plasmar con reformas legales y propuestas de planificación urbana, rehabilitación de espacios, alquiler social… de forma más inmediata.
Hablas del derecho humano a la vivienda, ¿cómo se desarrolla a nivel legislativo?
Comporta una mirada integral de múltiples espacios, no sólo de aquellos relacionados con la vivienda sino también a los que hacen referencia a bienestar social, salud, educación, economía, comunicación e infraestructuras, empresas y empleo, agricultura y medio ambiente. La legislación, además, debe contemplar procedimientos y herramientas que faciliten el acceso y el mantenimiento de la vivienda, especialmente a las personas en situación más vulnerable.
¿Qué propone Feantsa respecto al desarrollo de las políticas públicas de vivienda?
En primer lugar, hay que promover fórmulas alternativas a la propiedad privada como el alquiler social, la cesión de uso, la propiedad cooperativa… Las ayudas públicas deben posibilitar opciones diferentes de vivienda necesarias para colectivos con demandas de alojamiento económicamente accesible. Por otro lado, también hay que desarrollar un programa específico para promocionar y hacer seguimiento de la vivienda social de alquiler de la población más vulnerable, así como incorporar protocolos de emergencia para prevenir situaciones de exclusión social prolongadas durante años.
Más información:
- La vulnerabilidad de las personas que viven en la calle en Barcelona.
- Descarga el documento completo (pdf) (en catalán, próximamente en castellano).
- Lee las aportaciones del doctor Daniel Roca sobre salud y de la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, sobre riesgos de la vida en la calle y el uso de los servicios.
- Consulta la sección sobre derecho a la vivienda de FEANTSA.