El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado hoy la nueva Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona, una modificación que no ha tenido en cuenta la realidad de las personas que viven en la calle y que las penaliza. Comportará más sanciones en general y una mayor presión para las personas que viven en la calle. Se trata de una oportunidad perdida para que Barcelona cumpla con las recomendaciones de la ONU, que insta a los gobiernos a impulsar políticas orientadas a la descriminalización de la pobreza.
Dormir en la calle, lavarse en una fuente, dormir en el mobiliario urbano, hacer las necesidades en el espacio público… eran situaciones sancionables en la anterior ordenanza de civismo y continúan siéndolo con la nueva normativa aprobada hoy por el Ayuntamiento de Barcelona. Para las personas que viven en la calle, sin embargo, resulta difícil cumplir con estas prohibiciones. La nueva ordenanza prevé, en general, importes más elevados de las sanciones, motivo por el cual desde Arrels consideramos que esto se traducirá en una mayor presión sobre las personas que viven en la calle y en más multas, ya que no podrán cumplir algunas de las normativas.
Como entidad, hemos presentado enmiendas durante el proceso de modificación de la ordenanza. “Queríamos transformar el enfoque normativo y sancionador hacia las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo en Barcelona, avanzando hacia un modelo que descriminalizara el sostenimiento de la vida en el espacio público, ya que se trata de una realidad que la propia administración no está pudiendo resolver”, afirma Bea Fernández, directora de Arrels.
Actualmente en Barcelona hay, como mínimo, 1.982 personas viviendo en la calle; las detectamos el pasado 3 de diciembre durante el recuento nocturno que organizamos en la ciudad. Esta cifra supone un aumento del 43,2% de las personas que viven a la intemperie respecto al año 2023. Sabemos también que muchas personas que viven en la calle reciben sanciones y multas por situaciones derivadas del hecho de no tener una vivienda. De las 670 personas sin hogar que encuestamos el mes de junio, el 23% nos explicaron que habían sido multadas por motivos relacionados con distintas normativas. El 8% había sido sancionado precisamente por cuestiones vinculadas a la ordenanza de civismo, como dormir en la calle, hacer las necesidades básicas en el espacio público o consumir alcohol.
Una oportunidad perdida por ser ciudad referente en descriminalización
El relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de las Naciones Unidas publicó el año pasado un informe con recomendaciones para acabar con la criminalización de las personas sin hogar y en situación de pobreza. Entre sus propuestas, destacan:
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Derogar las disposiciones administrativas locales que criminalizan o sancionan a las personas que viven en la calle por llevar a cabo acciones vitales en espacios públicos, como dormir, comer, cocinar, asearse, etc.
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Garantizar que los espacios públicos sean seguros para todas las personas – tengan vivienda o no – y reconocer que son espacios esenciales para la supervivencia de las personas sin hogar y que, en consecuencia, deben estar equipados con servicios esenciales que cubran sus necesidades.
“El Ayuntamiento de Barcelona tenía la oportunidad de convertir la ciudad en un referente en la descriminalización de la pobreza, pero no ha sido así y entra en contradicción con las recomendaciones de las Naciones Unidas”, afirma Bea Fernández, directora de Arrels.
Las medidas alternativas no son la solución
La nueva normativa de civismo de la ciudad contempla la posibilidad de no pagar las sanciones si se realizan medidas penales alternativas. Desde Arrels creemos, sin embargo, que tampoco son una buena solución en situaciones de sinhogarismo.
Cuando una persona que vive en la calle incumple la ordenanza de civismo no lo hace por un problema de incivismo, sino por no tener un lugar donde vivir. Por eso, no debería ser sancionada, y aplicar una medida educativa o alternativa tampoco tiene sentido, ya que la acción probablemente se repetirá debido a la falta de una vivienda.
Como entidad que cada año atiende a más de 3.000 personas sin hogar, proponemos que las políticas municipales se orienten a mejorar la atención a las personas que viven en la calle y que esta mirada se aplique de forma transversal, también en la ordenanza de civismo.
Sancionar a una persona que no puede cumplir algunas normativas por no tener una vivienda no es una opción. En este sentido, insistimos en la necesidad de aprobar la propuesta de ley de sinhogarismo, pensada para garantizar que no se sancione a nadie mientras no exista una red pública de consignas, roperos, aseos y duchas públicas, entre otros recursos. Asimismo, es fundamental que se fomente el modelo Housing First y que se impulse la creación de una red de centros de baja exigencia.
Más información:
- Lee el informe de Naciones Unidas con recomendaciones para acabar con la criminalización de las personas sin hogar.
- Aquí puedes leer también las aportaciones que desde Arrels hicimos al informe de Naciones Unidas y que se incluyeron en el documento.