Un nuevo desalojo de personas sin hogar en Barcelona que vulnera derechos


Este lunes un dispositivo policial ha desalojado los jardines de Sant Pau del Camp, en el barrio del Raval, donde desde hacía más de cuatro años vivían personas sin hogar. La medida policial no soluciona el problema y vulnera derechos de las personas sin hogar. No es la primera vez que esto sucede en Barcelona. Hacen falta más políticas efectivas y menos acción policial.

Hace más de cuatro años que los jardines de Sant Pau del Camp acogen a un grupo de personas sin hogar que duermen y viven allí. M. dice que fue de las primeras en empezar a dormir allí con su pareja y que durante mucho tiempo no tuvieron problemas con nadie.

Desde el lunes por la mañana ya no están en el parque. A las 11h, cuando volvía de pasar un rato en el centro abierto de Arrels, encontró a la policía desalojando a las personas que vivían en los jardines. La semana pasada nos dijeron que vendrían, entendimos que querían hacer obras en la plaza pero parece que es porque querían limpiar y por un tema de seguridad. Cuando llegué era un descontrol“, explica M. No ha podido recoger el colchón que tenía, ni las sábanas ni su ropa pero lo que más le preocupa es que, durante el desalojo, la policía se llevó su pareja -extranjera en situación administrativa irregular- con otros compañeros y no sabe dónde están.

La intervención policial la han llevado a cabo Guardia Urbana, Mossos y Policía Nacional, que han identificado a 29 personas y han detenido a nueve que no tienen papeles; nueve de estas personas han ingresado en el centro de internamiento. El Ayuntamiento de Barcelona afirma que el motivo ha sido “identificar posibles personas relacionadas con el tráfico de estupefacientes en la zona” y que se ha aprovechado el dispositivo para perimetrar la zona ya que se prevén obras en el parque.

Desde Arrels, sabemos que en los jardines de Sant Pau del Camp vivían personas con problemáticas muy complejas y con diferentes situaciones. Había personas en situación administrativa irregular, familias, jóvenes que hace poco que han cumplido los 18 años, menores de edad y mujeres, entre otros; algunas dormían en tiendas de campaña, otras directamente a la intemperie.

En este sentido, creemos que una operación policial sobre drogas no tiene porque terminar desalojando a personas sin hogar que hace tiempo que viven en el mismo espacio público y que lo consideran su casa. Desplazar a las personas de un lugar a otro vulnera derechos y sólo traslada la problemática pero no la resuelve.

Según el Ayuntamiento, servicios sociales se ha activado para ofrecer recursos sociales a las personas que puedan acceder, con equipos que están trabajando en el territorio las últimas semanas. De momento, las personas desalojadas han buscado otros lugares en la calle donde dormir. A mí no me han ofrecido ninguna alternativa -explica M- ni vi a nadie más que los policías. Ahora estoy durmiendo por la zona en un banco, con frío y miedo.

En Arrels conocemos a algunas de las personas que hasta el lunes vivían en los jardines de Sant Pau del Camp; vienen habitualmente a nuestro centro abierto para descansar o utilizar los servicios básicos. Más allá del motivo de la actuación policial, lo que ha pasado no es una acción puntual. En abril del año pasado, por ejemplo, una actuación de la Guardia Urbana en el paseo Picasso obligó a abandonar el lugar a las personas sin hogar que dormían allí alegando problemas de vecindad.

Vulneración de derechos reiterada

Vivir en la calle implica una vulneración de derechos constante: a la vivienda, al espacio público y a la ciudad, a la atención social… En el caso de los jardines de Sant Pau del Camp y de M. y sus compañeros, se añade un desalojo del espacio donde vives que provoca un sentimiento de malestar, impotencia e inestabilidad. Una expresión de la desigualdad y violencia estructural que sufren las personas sin hogar. En el caso de M., ha tenido que buscar de un día para otro un nuevo lugar donde instalarse. ¿Y en el caso de las familias, los jóvenes y los compañeros en situación irregular que no se sabe dónde están?

Desplazar a las personas que duermen en la calle no es la solución. Por eso desde Arrels insistimos en la necesidad de intensificar la acción social y no la policial y que los cuerpos de seguridad tengan formación específica sobre la realidad de las personas sin hogar y trabajen de manera más coordinada con servicios sociales y con las entidades sociales.

Más propuestas: acceso a vivienda y garantía de derechos

Barcelona debe afrontar la realidad de las personas que duermen en la calle en la ciudad, como mínimo unas 1.200 que de media llevan casi 4 años en esta situación. A estas personas se suman otras 2.100 que duermen en los recursos públicos y privados y unas 500 en asentamientos.

La problemática es compleja y se necesitan acciones y políticas efectivas en dos direcciones: fomentar el acceso a la vivienda y garantizar los derechos de las personas que viven en la calle. Recuperamos algunas de las propuestas que, durante las elecciones municipales trasladamos a las formaciones políticas.

  • Más vivienda pública para personas que duermen en la calle. Las personas sin hogar no pueden quedar al margen del acceso a la vivienda pública. Hacen falta más facilidades para optar a pisos de protección oficial y más promociones específicas que tengan en cuenta esta realidad.
  • Abrir la Mesa de Emergencias Sociales de Barcelona a las personas que viven en la calle. Actualmente este organismo no contempla el acceso a una vivienda de alquiler social a las personas que viven en la calle.
  • Menos albergues y más espacios de baja exigencia. En la ciudad solo hay tres albergues donde puedan ir las personas son hogar y tienen lista de espera de meses para poder entrar. Proponemos abrir espacios pequeños donde pasar la noche de manera segura en cada barrio de Barcelona.
  • Intensificar la acción social y no la policial. Habitualmente y a primera hora de la mañana, la Guardia Urbana invita a las personas que duermen en la calle a levantarse y recoger sus cosas. Es una práctica conocida como Operación Diana, en la que no se suele multar a las personas pero que sí les dificulta su día a día.
  • Ordenanza de convivencia que respete a las personas sin hogar. La ordenanza criminaliza a las personas sin hogar. Hace falta reabrir el debate y apostar por una normativa que no mire la situación de las personas sin hogar como un problema de convivencia ni objeto de sanciones.

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