¿Qué datos tenemos?

En la Unión Europea se sabe que, de media, cada hogar invirtió en 2017 un 24% de los ingresos para pagar la vivienda (en el caso de las familias más pobres, la cifra supera el 40%), según el informe sobre exclusión residencial de Feantsa y la fundación Abbé Pierre. También se sabe que un 8% de las familias tienen deudas relacionadas con el alquiler o la hipoteca y que otro 8% tienen problemas para mantener la vivienda a temperatura adecuada. Por último, el infome también alerta de que un 15,7% de la población europea vive en condiciones de masificación.

Por otra parte, el informe de Condiciones de vida en Europa afirma que, de los 500 millones de personas que viven en la UE, eL 23,5% viven en situación de exclusión (alrededor de 118 millones de personas).

En todos los países europeos ha aumentado en los últimos años el número de personas que duermen en la calle, excepto en Finlandia y Noruega, tal como muestra la infografía. Sin embargo, no hay una cifra total porque no hay criterios comunes para recoger este tipo de información y el cálculo tampoco es sencillo.

 

¿Qué se está haciendo?

La Carta Social Europea garantiza en el artículo 31 el derecho a la vivienda. Propone promover el acceso a la vivienda digna, prevenir y reducir el fenómeno del sinhogarismo de manera progresiva y lograr que el precio de la vivienda permita a las personas con menos recursos tener un hogar. Se trata de una herramienta importante para luchar contra la pobreza y la exclusión. El Estado español todavía no la ha ratificado.

En la actualidad la UE ha asumido 17 retos aprobados el año 2015 por las Naciones Unidas y, entre otras cosas, se propone que antes del año 2030 las ciudades sean espacios inclusivos, así como el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos que sean adecuados, seguros y asequibles.