Esta semana se ha aprobado en Consejo de Ministros el Decreto para la regularización extraordinaria que permitirá que miles de personas en situación administrativa irregular accedan a un permiso de residencia legal en el Estado. Para Arrels, esta medida no es solo un trámite administrativo, sino una herramienta fundamental para garantizar la dignidad y la igualdad de las personas que viven en la calle o en situación de gran exclusión, aunque comporta ciertos retos. Dialogamos con Eva Hobeich, responsable del equipo jurídico de la entidad.
¿Cómo impacta la aprobación de esta norma en la vida de las personas que atendemos?
Es una norma que impactará en la vida de las personas que acompañamos, ya que hay muchas en situación irregular. Según datos de nuestra última encuesta de personas que viven en la calle (2025), un 24% de las personas extracomunitarias entrevistadas podrían acogerse a la regularización. Pero, por contrapartida, un 75% de estas personas tendrán serias dificultades por su situación de exclusión social; también por la caducidad de la documentación o su pérdida o robo estando en la calle. Las personas que no han podido regularizar su situación administrativa viven en esta sociedad con menos derechos que el resto. Entendemos que esta debería ser una oportunidad para regularizar a estas personas y que tengan derechos civiles (como poder trabajar, cotizar, participar activamente en la sociedad). Para Arrels, cuya misión es que nadie tenga que dormir en la calle, este es un tema de seguridad jurídica; sin documentos, las personas son invisibles para el sistema y más vulnerables.
¿De qué punto parten las personas que viven en la calle para seguir el proceso de regularización?
Las personas que viven en la calle tienen todos sus derechos fundamentales vulnerados. Pero, de estas, las que no tienen documentación están aún peor, no pueden ni optar a prestaciones. Las personas que acompañamos parten de una base mínima. Las que están en situación irregular lo están por circunstancias muy diversas: hay personas que esperan una oportunidad para regularizar su situación, como puede ser un contrato de trabajo, porque tienen una situación bastante autónoma; y hay personas con muchas circunstancias en contra, que son las que nosotros acompañamos. En el contexto de la regularización, pensamos que, por ejemplo, un 54% de las personas encuestadas el año pasado declaró que le resulta difícil o muy difícil guardar su documentación. Es muy preocupante porque la pérdida de la documentación refuerza la exclusión administrativa.
¿De qué perfil hablamos y cómo las acompañaremos?
Este es el perfil que desde la entidad priorizamos: una persona que está en situación de calle, en una situación muy cronificada y que no tiene capacidad de acceder a ningún otro recurso de la red. Prioritariamente, acompañaremos en el proceso a estas personas: saldremos a la calle con los equipos de educadoras de calle para llegar a aquellas personas que sabemos que no accederán a ningún otro recurso y que pueden perder el derecho a regularizar su situación.
¿Qué obstáculos tienen las personas que acompañamos para conseguir regularizar su situación?
Este reglamento no lo arreglará todo. Detectamos, por ejemplo, muchos problemas con la documentación de los países de origen. Acompañamos a personas que no tienen el pasaporte de su país en vigor o que incluso no pueden obtenerlo. A partir de aquí, si no puedes tener el pasaporte de tu país, tampoco puedes obtener los antecedentes penales, por mucho tiempo que lleves en territorio español, y además habrá muchas problemáticas de acceso, de pago de tasas, de documentación de países de origen… Cuanto más vulnerabilizada está una persona, más circunstancias hay que dificultan el acceso a la regularización.
¿Cuál es la casuística que encontramos desde Arrels?
En el momento de realizar la regularización, una casuística muy frecuente es la falta de documentación de los países de origen. Este hecho nos genera muchas dificultades, porque es documentación muy difícil de obtener. A la vez, económicamente también supone un esfuerzo que estas personas no pueden asumir. Entonces, debemos sostenerlo como entidad, pero tampoco contamos con ningún tipo de ayuda para hacerlo; es un coste muy elevado.
¿Qué pasa si no hay manera de obtener la documentación?
Si no hay manera de obtener esta documentación, el sistema prevé otras vías, por ejemplo, se puede tramitar una cédula de inscripción, pero esto también tiene un coste económico muy elevado, porque necesitas hacer una declaración notarial y después pagar una serie de tasas que son altas. Desde el equipo jurídico creemos que el coste económico de este acompañamiento para las entidades es uno de los mayores problemas que encontraremos.
En relación a la documentación, hay entidades que se quejan de que la administración debería asumir los gastos de las tasas o de todo lo relacionado con la renovación de documentación de personas sin ingresos o en situación muy vulnerable…
Correcto. Incluso el propio texto de la resolución habla de personas en situación de vulnerabilidad; es una regularización extraordinaria para personas en situación de vulnerabilidad. Por tanto, para estas personas asumir los costes de estas tasas es muy complicado y, al final, quienes lo asumimos somos las entidades sociales. Tendremos que asumirlo de alguna manera porque tenemos la oportunidad de otorgar derechos civiles a una persona que lleva mucho tiempo sin derechos y no la vamos a dejar pasar; no dejaremos de presentar un expediente por 32 euros, y eso en los casos en los que tengamos toda la documentación. En los casos en los que debemos obtener documentación y tramitar o solicitar documentos del país de origen, traducciones, legalizaciones, podemos estar hablando de 600-700 euros. Son costes muy elevados para personas que viven en la calle y un esfuerzo muy grande para nosotras.
¿Qué otras dificultades podremos encontrar?
Nos encontraremos dificultades, por ejemplo, para poder acreditar que la persona vive en España y todo su tiempo de estancia. La forma habitual de acreditarlo es mediante un certificado de empadronamiento histórico; pero las personas en situación de calle tienen muchas dificultades para empadronarse y para sostener este proceso. En los casos de personas sin documentación, ni siquiera pueden empadronarse.
Así, esta actividad probatoria será muy complicada: tendremos que aportar todo tipo de documentos, como informes médicos cuando han sido atendidas u otros que puedan demostrar que viven aquí aunque no estén empadronadas. Otra dificultad frecuente es que, para poder realizar este proceso, debes poder acreditar que no tienes ningún antecedente penal y, esta acreditación, depende del país de origen.
Además, es necesario obtener un informe de vulnerabilidad…
Sí, es un informe que pueden emitir los servicios sociales y determinadas entidades registradas. Nosotros tramitaremos su emisión. De hecho, es paradójico que sea un requisito para las personas que atendemos desde Arrels, porque todas están en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, sabemos que en dos meses es difícil que se puedan emitir todos los certificados necesarios y que habrá personas, las más vulnerables, que quedarán fuera porque no harán las largas colas que estamos viendo para obtenerlo.
La atención jurídica en la calle, una de las medidas que pondremos en práctica
Ante estas situaciones, ¿qué haremos desde Arrels para intentar que las personas que atendemos puedan acceder al proceso?
Llevamos tiempo preparándonos, porque ya sabíamos qué documentación se pediría y que, para las personas que acompañamos, este es el principal problema. Principalmente, acompañaremos a las personas a las que garantizamos alojamiento y también a las que acompañamos desde el centro abierto y los equipos de calle; desde el equipo jurídico, tramitaremos directamente todos los expedientes. Otra acción que tenemos prevista es salir con los equipos de calle para tramitar expedientes a personas que viven al raso y para poder informar y derivar a aquellas que sí tengan capacidad de acudir a alguno de los puntos habilitados por la administración.
¿Es factible que una persona pueda seguir todo el proceso de regularización sin el acompañamiento de una entidad social?
No, creo que no es factible. Es necesario el acompañamiento de una entidad social y, además, el de un jurista, porque las personas en situación de gran vulnerabilidad normalmente no encajan en los supuestos que la legislación prevé como más sencillos. No tienen certificado electrónico y existe una brecha digital importante. Hay que tener en cuenta que un 62% de las personas que encuestamos el año pasado expresó la dificultad o gran dificultad de realizar una gestión o trámite documental; esto demuestra cómo el acceso a los derechos no solo es limitado, sino difícil de ejercer en la práctica. Además, el proceso de regularización empieza ahora, pero prevemos que la administración colapsará: la administración de Extranjería ya está colapsada. No hay citas y las entidades tendremos que acompañar; seremos las entidades sociales quienes haremos posible que estas personas tengan sus derechos garantizados.
Para terminar, ¿cuál será el impacto final de la regularización en la vida de las personas que viven en la calle?
Tendrá un impacto muy positivo; lograr derechos siempre es sinónimo de autonomía y de menor exclusión. Hay personas que están en situación de calle únicamente porque no pueden regularizar su situación: necesitan integrarse socialmente, trabajar, tener derechos civiles, como cualquier otra persona. No obstante, las personas que atendemos tienen un nivel de exclusión que condiciona mucho sus posibilidades. De hecho, la regularización no debería ser extraordinaria; la vida en la calle cronifica y, a partir de los seis meses viviendo al raso, es mucho más difícil revertir la situación.