El domingo 23 de julio se vota para escoger quién será el próximo gobierno del Estado, una fecha importante que en Arrels nos interpela porque desde el gobierno central también se deciden muchas medidas que impactan en la vida de las personas que viven en la calle. Por eso, hemos hecho una lista de 8 propuestas políticas para que no haya #nadiedurmiendoenlacalle.
“El resultado de las elecciones del domingo puede impactar mucho en nuestra vida. Yo no creo que sean unas elecciones que no nos afecten; las políticas sociales del gobierno nos impactan y mucho. La gente que estamos en la calle lo sabemos, no somos de nivel cultural bajo necesariamente y aunque no podemos informarnos como si tuviéramos una casa, lo hacemos”, dice Carlos, una persona que acompañamos desde el centro abierto de Arrels y que lleva 8 meses viviendo en la calle.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2022, 7.277 personas se encontraban, como Carlos, en situación de sinhogarismo en el Estado español. Desde Arrels consideramos que estos son datos que no reflejan la realidad con exactitud, puesto que sólo se contabilizaron las personas que se atendieron en centros asistenciales, no las que no están atendidas.
Desde junio de 2021, el Estado español tiene el compromiso, junto con el resto de Estados miembros de la Unión Europea, de acabar con el sinhogarismo en 2030. Se adquirió tras firmar la Declaración de Lisboa. Hace unos días, el Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia nacional para la lucha contra el sinhogarismo en España 2023 – 2030, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Será el gobierno resultante de las próximas Elecciones Generales del 2023 en el Estado español de quien dependa su concreción y desarrollo.
8 medidas para erradicar el sinhogarismo
“(Desde el gobierno central) se debe conseguir que no haya tanta gente en la calle, que no haya tanta pobreza. Necesitamos pensiones, pisos de protección oficial, que nos echen una mano a los que no llegamos a fin de mes, tener seguimiento social…” enumera Pedro, una persona que acompañamos desde Arrels desde hace más de 10 años.
Pedro resume en su demanda la que es la primera de nuestras propuestas políticas en el Estado español de cara a las elecciones del 23J: la necesidad de abordaje de la problemática del sinhogarismo de forma coordinada entre organismos públicos y con una óptica integral. El sinhogarismo es una problemática compleja y entendemos que debe abordarse desde diferentes administraciones: del Estado, autonómicas y locales. Para prevenir y evitar que las personas acaben viviendo al raso es necesario implicar las áreas de vivienda, urbanismo, servicios sociales, salud, igualdad, política migratoria, asuntos exteriores, economía, empleo, transportes, educación, universidades, cultura, comunicación, justicia, seguridad, política penitenciaria y medio ambiente.
Para poder alcanzar los objetivos de la Declaración de Lisboa recién aprobada, creemos también que es necesario configurar un marco normativo específico para garantizar los derechos de las personas sin hogar, tal y como se está trabajando en Cataluña con la Proposición de Ley de erradicación del sinhogarismo. La existencia de unas medidas estructurales que impliquen un plan de choque contra el sinhogarismo hace que sea necesario también articular un compromiso entre las fuerzas políticas para enmarcar las políticas públicas desde una planificación estructural con un presupuesto estable.
“Para dimensionar los recursos necesarios para poder llevar a cabo unas medidas estructurales necesitamos datos reales. Por eso, creemos que es muy importante realizar recuentos nocturnos y encuestas anualmente en las principales ciudades del Estado español. Debemos saber cuántas personas están en situación de calle y cómo están, para poder diseñar políticas basadas en evidencias y para hacer previsiones económicas y presupuestarias a largo plazo”, valora Ferran Busquets, director de Arrels.
Garantía de derechos
Desde 2014, Arrels trabaja desde la perspectiva Housing First, un modelo de atención que prioriza el acceso desde el primer momento a una vivienda individual, digna y estable poniendo a la persona en el centro y teniendo en cuenta su opinión. También proporcionamos alojamiento más a corto plazo en nuestro piso cero, un recurso residencial de baja exigencia y proximidad. Y ésta es otra de nuestras propuestas políticas de ámbito nacional: creemos que es necesario garantizar el derecho a la vivienda y el alojamiento estable de las personas sin hogar, porque tener un hogar es el primero para poder alcanzar toda otra serie de derechos básicos.
Sin embargo, el hecho de tener un techo no puede ser una medida aislada, porque hay muchas personas que necesitan acompañamiento por parte de profesionales del sector social o que son susceptibles de tener una prestación para poder salir adelante. Entonces, es necesario garantizar el apoyo a las personas que están alojadas y que esto quede reflejado en el Catálogo de referencia de Servicios Sociales que recoge las prestaciones a las que podría acceder cualquier persona en el Estado español.
El hecho de poder tener acceso a una prestación o alojamiento muchas veces tiene que ver con un derecho básico que se vulnera desde algunos ayuntamientos y por el que debe velar la administración central: el derecho al empadronamiento. Este derecho tiene que ver con el hecho de poder garantizar el acceso a una plena ciudadanía: a poder votar, por ejemplo, pero también con poder realizar los trámites que tienen que ver con la administración de forma accesible a toda la población.
Por último, pedimos que se incorpore a la Ley 15/2022 para la igualdad de trato y la no discriminación un apartado específico para la prohibición de normativas que promuevan la discriminación en el uso del espacio público o bien que exima a las personas sin hogar en situación de calle. “Son muchas las personas que atendemos que reciben multas en el espacio público por hacer actos que todos hacemos en casa. Muchas de ellas, 7 de cada 10, son personas que han nacido fuera del Estado y que seguramente pueden ver afectada su situación por la ley de extranjería, que también creemos que debe modificarse para no perjudicar la situación de las personas. Necesitamos un marco jurídico que garantice la igualdad de trato, que luche contra la aporofobia y que no perjudique a las personas que están en situación de calle”, cierra Ferran Busquets.